El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), demandó al Poder Judicial del Estado (PJE) no cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a dos ex agentes de la Policía Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, procesados por el delito de tortura.
El presidente de la organización civil, Maurilio Santiago Reyes informó que la víctima, Ángel Daniel Bautista Vásquez fue víctima de dicho crimen de lesa humanidad, el 21 de marzo del 2020, por los entonces policías municipales Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario.
Por esto, expuso que los ex agentes de la Policía Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco fueron detenidos por estar acusados en la causa penal 121/2025 y posteriormente fueron vinculados a proceso el 24 de julio del año pasado, quedando privados de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, localizado en Tlacolula de Matamoros.
Sin embargo, explicó que el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, programó de manera urgente, el 27 de marzo pasado, una audiencia para la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva a los procesados, aunque se difirió para desarrollarse este 6 de abril.
De esta manera, subrayó que existe el riesgo de ser puestos en libertad durante la audiencia de revisión de medidas cautelares por el tráfico de influencias del abogado defensor de los ex policías municipales, Carlos Fernando Santiago Cruz.
Además, destacó que el cambio de las medidas cautelares de prisión preventiva pone en riesgo la integridad física y la vida de la víctima de tortura Ángel Daniel Bautista Vásquez y su familia, porque ya han sido amenazados y hostigado por la Policía Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y personas desconocidas.
Ante ello, el activista requirió al PJE el cumplimiento de las medidas cautelares MC-636-2020 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la recomendación 03/2025 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021 del Comité Contra la Tortura de la ONU, para prevenir un daño irreparable a la víctima de tortura y su familia y la reparación integral del daño, así como la disculpa pública, garantías de no repetición y el derecho a la verdad.
