La Ley de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca no fue aprobada por el Congreso del Estado debido a las presiones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de diferentes actores políticos ligados al PRI, aseguró ayer el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la 62 Legislatura local, Alejandro Martínez Ramírez.
“Desafortunadamente, los grandes intereses hicieron que no se aprobara”, asentó.
El diputado panista, indígena mixe originario de San Pedro y San Pablo Ayutla, explicó que la legislación tenía como propósito armonizar y adecuar la Constitución y el marco normativo estatal a los artículos uno y dos de la Constitución federal, así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Plan de Acción de Durban y otros instrumentos internacionales, para consolidar la nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicano, a partir del reconocimiento, respeto y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Detalló que la redacción surgió de un proceso de diálogo y de foros de consulta con los 15 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, así como de las opiniones del Comité Técnico de Expertos y del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca.
En los trabajos, participaron más de cinco mil personas, entre autoridades municipales, representantes agrarios, de organizaciones indígenas, instituciones académicas y culturales, señaló.
Precisó que la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca aborda la libre determinación y autonomía; los sistemas normativos, jurisdicción indígena y acceso a la jurisdicción del Estado; la participación y representación política; la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y las tierras, territorios, recursos o bienes naturales y medio ambiente.
Además, el desarrollo integral, intercultural y sostenible; la cultura e identidad y los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y migrantes indígenas y afromexicanos.
Sin embargo, subrayó que la intervención de la dependencia del gobierno federal frenó todo intentó de aprobación porque supuestamente algunas disposiciones contenidas violentaban la Constitución federal.
Ese fue la justificación –anotó–, “pero todas las observaciones que hizo la Segob se atendieron para no dar algún argumento a su oposición”.
Destacó que esa posición fue asumida por el priismo y por algunos actores políticos sin algún fundamento porque la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca persigue únicamente su beneficio.
De esta manera, Martínez Ramírez dijo que la 62 Legislatura local queda en deuda y deja un gran pendiente a los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca.
“Estamos tristes, decepciones porque no se cumplió el objetivo. Desgraciadamente fue imposible su aprobación por los grandes intereses”, terminó.
5 mil personas participaron en la consulta para redactar la ley indígena
“Muchos actores políticos cuando ingresan a la político o andan en campañas proselitistas usan a los pueblos indígenas en su discurso, pero después los traicionan en los hechos”:
Alejandro Martínez, legislador local
