Mientras la presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Minero, Rosa Elia Romero Guzmán, ofreció que revisará el marco legislativo para favorecer y conciliar el respeto a los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), denunció que la empresa canadiense Fortuna Silver y autoridades gubernamentales pretendían realizar una “consulta amañada” en Magdalena Ocotlán.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) subrayó que si bien la riqueza agropecuaria, forestal y minera de Oaxaca es inmensa, el beneficio social de estas actividades no tiene un gran impacto en los pueblos originarios y dueños de las tierras.
Destacó que según el sexto y último informe de gobierno de la anterior administración estatal, la minería se ubicó en el séptimo lugar de inversión privada, pero sin dejar grandes beneficios a Oaxaca.
Frente a esto, destacó que se requiere de diálogo y voluntad política para lograr el equilibrio entre la inversión y el desarrollo de las comunidades.
A su vez, Educa reportó que la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno y una notaria pública, presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta.
Explicó que la consulta estuvo plagada de una serie de irregularidades y en consecuencia, generó una fuerte indignación en la comunidad, porque violentan su derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de su territorio, así como al derecho al consentimiento previo libre e informado.
La organización dijo que la empresa canadiense pretende ampliar la mina “San José”, ubicada en el municipio vecino de San José del Progreso, a pesar de provocar conflictividad social y política, así como contaminar el territorio.
