La reforma a la Ley de Industria Eléctrica presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene por objetivo que México recupere su soberanía energética, toda vez que nuestro país no puede depender de los vaivenes del mercado de energía, afirmó el diputado e integrante de la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados federal, Carol Antonio Altamirano.
Después de que la comisión camaral aprobara por mayoría el dictamen a favor de la iniciativa de reforma, aseveró que el desarrollo del país no puede subordinarse ante los intereses de quienes sólo buscan beneficios financieros, en perjuicio de la mayoría de los mexicanos.
El legislador por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestó que es inaceptable que ahora la derecha venga a rasgarse las vestiduras y a hablar de legalidad cuando en el gobierno de Vicente Fox impulsaron una Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que era notoriamente inconstitucional, pero con ella realizaron una privatización soterrada y entregaron contratos millonarios a empresas extranjeras.
Aseveró que para nadie es desconocido que la reforma energética que impulsaron el PRI y el PAN fue nefasta y que con la reforma de 2013, los que entonces estaban en el gobierno apostaron todo a la privatización, pero lo hicieron ignorando la debilidad estructural de nuestro sector energético.
“Durante décadas no hubo suficiente inversión en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo cual las plantas generadoras y líneas de transmisión quedaron en el abandono. Los gobiernos del PRI y el PAN pensaban que el Estado debía abandonar el sector energético como condición para que florecieran los negocios particulares”.
Subordinados al exterior
El diputado oaxaqueño manifestó que hoy queda claro que México es vulnerable ante las contingencias, precisamente porque durante décadas se usó al sector energético como “caja chica” para compensar el dinero que se condonaba o eludía en los impuestos de los privilegiados.
Comentó que lo que actualmente ocurre en el norte del país es que no se tiene capacidad de almacenamiento, ni instalaciones para proteger en territorio nacional una reserva propia de gas porque los gobiernos del pasado ignoraron ese llamado.
“Los gobiernos del pasado definieron un modelo de negocios que nos subordina al exterior. La electricidad que se genera con gas representa el 60 por ciento del total y este se tiene que importar. Eso generó un negocio para algunos, pero hace que el país dependa de lo que otros deciden. Por culpa de las malas decisiones de los gobiernos del "PRIAN" (PRI, PAN) estamos obligados a gastar dinero en un recurso que, además de no ser renovable y ser de origen fósil, es un recurso que no está en nuestras manos”.
Subrayó que en la iniciativa aprobada los términos, límites e interacciones de los sectores público y privado se modifican porque estaban desequilibrados.
“Nosotros consideramos que no es justo que existan usos y costos de los particulares que sean trasladados y asumidos en las finanzas públicas. Eso era un subsidio a los negocios con recursos públicos y es lo que se termina con esta propuesta. Con esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrán manera de pasar costos indirectos a toda la sociedad y si usan la red que se construyó con recursos públicos entonces deberán pagar lo correspondiente”.
