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Prevén más ataques a candidatos de México en campañas tras asecho de crimen organizado

Foto(s): Cortesía
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En la recta final de las campañas electorales en México, el crimen organizado acechó a candidatos y políticos con ataques armados, secuestros y asesinatos en al menos ocho estados.


 Consultoras especializadas en el registro de estos crímenes contra políticos coincidieron en que durante el resto de mayo e inicios de junio se podría presentar un incremento de violencia, pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó un plan de protección a candidatos.


 Tan sólo en lo que va de mayo, se han registrado los atentados contra el equipo de campaña de Guillermo Valencia, candidato del PRI a la Alcaldía de Morelia (Michoacán); ataque a la casa de Yolanda Alviso, candidata del PVEM-PT a la Alcaldía de Villa de Reyes (San Luis Potosí), y el ataque a Fernando Argüelles, candidato del PT a la Alcaldía de Chalma (Veracruz), todos estos durante el fin de semana pasado.


 "A 33 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campaña", señaló 'Etellekt' en su último reporte de violencia, con cierre al 30 de abril.


 Asimismo, también civiles armados protagonizaron un enfrentamiento con el equipo de seguridad de Blanca Merari, candidata de Morena a la Alcaldía de Puerto Morelos (Quintana Roo), y a Rafael Higareda, dirigente municipal de Todos por Veracruz, en el Municipio de Pánuco, lo secuestraron.


 Rubén Salazar, director general de 'Etellekt', explicó a Grupo Reforma que, aunque durante mayo no han asesinado a algún candidato, sí aumentaron los ataques armados.


 "Ahora, comparada con el proceso 2017-2018, es una elección más grande, hay estados problemáticos que homologaron sus comicios locales, como Veracruz, y se está observando en los números".


 El pasado 4 de marzo, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Gobierno federal daría protección con la Guardia Nacional a candidatos a gubernaturas y diputaciones federales, y las autoridades locales, a cargos de la misma índole.

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