La disputa interna en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) judicializó la vida institucional de esta organización político, de tal forma que a la fecha se han presentado más de 80 demandas ante los tribunales electorales estatal y federal, por el reconocimiento del comité directivo estatal y la designación de candidatos a cargos de representación popular.
Un año duró la disputa por la dirigencia estatal entre las tribus de la Unión Campesina Democrática (UCD), que controla Amador Jara Cruz, y los grupos de Izquierda Democrática Nacional (IDN), Nueva Izquierda (NI), Foro Nuevo Sol, Cívicos, Frente Democrático Popular y Patria Digna, agrupados en torno a Raymundo Carmona Laredo, misma que se judicializó y llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La disputa legal inició el 29 de diciembre del 2016 en el consejo estatal y concluyó en diciembre del 2017, con una resolución favorable a Carmona Laredo.
Sin embargo, el conflicto perredista no concluyó ahí. Con la designación de candidatos a cargos de elección popular las reyertas resurgieron entre los dos bandos.
Con el inicio del proceso electoral, el comité ejecutivo estatal llevó a cabo la elección de sus candidatos, mientras el grupo de la UCD realizó una designación paralela, en connivencia con el comité ejecutivo nacional, que nuevamente llevó a los tribunales a las partes.
La primer controversia se suscitó con el cambio de representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) impulsado por Jara Cruz, a fin de poder registrar candidatos.
La sustitución de Mario Raymundo Patiño Rojas por Yahir Rodríguez Palacios tuvo como efecto inmediato el cambio de candidatos a concejales, en acuerdo con la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Natividad Díaz. En dos días Rodríguez Palacios registró 44 candidaturas y dejó desiertas 46, lo que puso en riesgo la participación electoral del PRD en el estado.
Fue nuevamente el tribunal electoral federal quien tuvo que intervenir para resolver que Patiño Rojas era el representante ante el órgano electoral, toda vez que de acuerdo a los documentos internos perredistas el único facultado para cambiar al representante es el comité ejecutivo estatal.
Por esta razón, otra vez, el comité ejecutivo estatal y los candidatos afectados recurrieron a los tribunales electorales estatal y federal para impugnar la decisión, hasta que el TEPJF resolvió que es facultad del órgano de dirección estatal designar candidatos estatales.
Días más tarde la disputa se agravó, cuando en el consejo político nacional del PRD votan como candidatos a senadores y diputados federales a Héctor Pablo Ramírez Leyva, Manuel García Corpus, Beatriz Rodríguez Casasnovas y Gabriela Olvera, con el apoyo de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), grupo al que pertenece la UCD.
Ante la designación, el comité ejecutivo estatal perredista se inconforma y amenaza con recurrir a los tribunales electorales, a pesar de que corresponde al comité ejecutivo nacional, a través, del consejo político hacer estas designaciones.
Tregua titubeante
Hoy existe una tregua sostenida con alfileres entre el comité ejecutivo estatal y nacional en sus disputas, para fortalecer su imagen en el proceso electoral; aunque aún está pendiente la impugnación de la candidaturas plurinominales que designó el comité ejecutivo nacional y que impugnó el comité ejecutivo estatal ante los órganos jurisdiccionales.
El comité estatal confía en que, al igual que en la designación de los diputados locales por mayoría relativa, los tribunales electorales resuelvan a favor de ellos, porque es facultad del comité estatal integrar y registrar las listas plurinominales de los candidatos a diputados locales.
