La 64 Legislatura debe proponer, analizar, discutir y, en su caso, aprobar una ley de procesos de selección e indicadores de desempeño de funcionarios públicos, porque esto no solo haría más eficiente la administración pública estatal, sino combatiría la corrupción, afirmó el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Adán Córdova Trujillo.
Aseveró que la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 da también la oportunidad de innovar.
“La pandemia es el momento propicio para considerar el establecimiento de un marco normativo general, una ley de procesos de selección que garantice metodología, procesos públicos, abiertos, archivo, con participación ciudadana, opinión de expertos, a fin de que quien toma la decisión tenga el mayor número de elementos, que tenga más argumentación en su toma de decisiones; se tienen que garantizar los derechos humanos, las seguridad jurídica para quien convoca, para los participantes y los candidatos electos”.
Explicó que de manera común calificamos a los gobiernos del buenos o malos, pero es necesario desglosar ambos conceptos, porque, por ejemplo, los malos gobiernos deviene de malas decisiones, las malas decisiones vienen de malos servidores públicos y los malos servidores públicos devienen de malas elecciones o selecciones y estos devienen de malos procesos de designación o de selección.
“Entonces me parece que revisar esta pirámide nos puede hacer modificar esta percepción. ¿Qué se puede hacer para que esto cambie? Sin duda, modificar primero el paradigma, que así se ha hecho siempre, que son los facultados los únicos que tenemos la posibilidad de decidir y que no pasa nada si se equivocan”.
Proceso de selección
Manifestó que entonces tenemos que empezar a considerar al derecho, primero, como un mecanismo institucional y de combate a la corrupción, así como una política pública con impacto positivo que sí puede mejorar los procesos de selección.
“Ahora si mejoramos los procesos de selección vamos a mejorar la selección, vamos a tener mejores servidores públicos y estos tomarán mejores decisiones y seguramente nos encaminarán hacia un buen gobierno”.
Dijo que el impacto de la designaciones inicia, primero, con la legitimidad de quien designa.
“No se trata de quitarles facultades, no se trata de limitar la facultad, tampoco se trata de que en algún momento cambien de facultades, no, de eso no se trata, se trata de que se fortalezcan las instituciones. Si esto sucede se va a generar confianza en la ciudadanía, va a fortalecer la participación ciudadana, va a generar credibilidad en los poderes del estado, va a dar certeza al desarrollo de las funciones, y esto hasta hoy no ha sucedido, hasta hoy no hemos tenido procesos de designaciones que nos den certeza a los ciudadanos de que quien se eligió fue el mejor”.
Comentó que en la iniciativa privada existe un procedimiento de selección escrupuloso, además se evalúa de manera permanente para conservar el empleo.
Sostuvo que se tiene que legislar, ya que debe ser ley para que no quede al criterio de los funcionarios, a la buena voluntad de quien lleva el proceso de selección porque no está obligado, entonces tiene que ser ley porque solamente el derecho es exigible.
