La 64 Legislatura exhortó a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, a efecto de que eviten que el cambio del destino del producto de la venta del inmueble conocido como Cerro del Crestón; se haga en contravención al principio de legalidad, y se respete en todo momento, el procedimiento establecido en los artículos 115 al 120, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
Asimismo, para que realice un plan integral de urbanización en la zona de San Martín Mexicapan y Montoya, que incluya entre otros: drenaje (fluidez en las descargas de aguas pluviales y residuales), agua potable, vialidades y seguridad, con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos al medio ambiente, desarrollo, salud y seguridad para los habitantes de la zona referida.
También para que en su caso, proceda a la suspensión inmediata de la obra hasta en tanto, se cuente con la certeza que no se realizarán afectaciones por la construcción y futuro funcionamiento del centro comercial que se ubicará sobre la Avenida Ignacio Bernal, perteneciente a la Agencia de Policía de Montoya y se cumpla con dicho plan.
Historia
La proposición con punto de acuerdo aprobada, recuerda que en 1963 un particular donó al Ayuntamiento de Oaxaca dicho predio conocido como Cerro del Crestón y que en sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 16 de octubre del 214, se autorizó su desincorporación para que con el producto de la venta del mismo se pagaran diversos créditos fiscales del Ayuntamiento.
Añade que, sin embargo, el 8 de julio del 2015 el entonces presidente municipal dio aviso al Congreso de la desincorporación del inmueble y otros trece más. En este contexto, el pasado 4 de septiembre el presidente municipal presentó un punto de acuerdo mediante el cual se pretende que el Cabildo apruebe el cambio de destino del producto de la venta del inmueble conocido como Cerro del Crestón, con la finalidad de que sea destinado al fortalecimiento de la partida presupuestal número 26111 correspondiente a combustibles, lubricantes y aditivos, de la Dirección de Servicios Municipales y Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, respectivamente, para que ambas garanticen la continuidad de prestar los servicios públicos más importantes que brinda el municipio.
Destaca que si bien la Constitución federal solo autoriza a las legislaturas estatales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, requerirán de un acuerdo de mayoría calificada del mismo Ayuntamiento, “igualmente cierto es que los actos que afecten el patrimonio inmobiliario municipal deben de ajustarse al principio de legalidad, aunado al hecho de que el poder público y sus representantes solo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que las ley les ordena".
Manifiesta que por lo tanto es necesario que el acuerdo que emita el Ayuntamiento debe de tomar en cuenta la opinión del Concejo de Desarrollo Social Municipal, pero sobre todo, la posible enajenación debe responder a alguna o algunas de las metas aducidas en el artículo 118, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
En la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva, Javier Villacaña Jiménez, aseveró que en el 2016 el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez devolvió este bien al patrimonio municipal, toda vez que el gobierno del estado ayudó al municipio a pagar los créditos fiscales, “por tanto venderlo sería una necedad”.
