Personal del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa revisar el nombramiento de la directora administrativa de esa institución, Irma Andrade Herrera, por haber incurrido en irregularidades administrativas en su desempeño como directora general de administración en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con el expediente RES-21/16-D de la Contraloría Interna de la CDHDF, con fecha del 27 de junio de 2007, que fue entregado a Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, la Auditoría Superior de la Ciudad de México encontró en una revisión financiera en el capítulo 3000, denominado “Servicios Generales”, responsabilidad administrativa imputables a Andrade Herrera y a otros funcionarios, por adjudicar el contrato número PM/PE/01/2013 a una prestadora de servicios con residencia en Costa Rica, para desarrollar el proyecto “Protección y Promociones de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito, desde la Gestión Local y a través de la articulación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil” y por haber formalizado el contrato, cuatro meses y medio después (16 de agosto de 2013) al inicio de su vigencia (1 de abril de ese mismo año).
Después del desahogo de pruebas y alegatos, la Auditoría Superior de la Ciudad de México impuso una amonestación pública, porque su actuación no causó algún daño al erario de la CDHDF, y ordenó a la Contraloría Interna de ese organismo, ejecutar la sanción, por ser la superiora jerárquica.
Sin embargo, la Contraloría Interna de la CDHDF no pudo imponer una amonestación pública por carecer de facultades, según las disposiciones de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El plazo para la prescripción se tomó en cuenta a partir del día siguiente de la fecha en que Andrade Herrera incurrió en la irregularidad administrativa, el 2 de abril del 2013, al 28 de julio de 2016, fecha en que recibió la notificación del citatorio para la audiencia de ley, transcurrieron tres años, tres meses y 26 días, que excede en lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ante esta situación, el personal del Monteo de Piedad del Estado de Oaxaca pidió a Murat Hinojosa analizar la designación de Andrade Herrera –quien también se desempeña como presidenta del Comité de Transparencia de la institución–, porque quedó demostrada su responsabilidad administrativa en el desempeño de sus funciones en la CDHDF.
