Este miércoles la justicia española decidió suspender el referendo independentista que en días pasados ya había aprobado el Parlamento de Cataluña para realizarse en 2017, y que una gran parte de la sociedad solicita desde hacae varios años.
La corte respondió así a la petición del Gobierno central, quien solicitó paralizar cualquier paso de las autoridades catalanas contra la indivisibilidad del Estado español que refleja la Constitución.
El tribunal advirtió, además, al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que si desobedecen tendrán que asumir responsabilidades, incluida la penal.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que inauguró el mes pasado su segundo mandato, se ha mostrado abierto a dialogar con Cataluña sobre sus demandas de mayor autogobierno, pero rechaza frontalmente la celebración de una consulta a la ciudadanía, algo que pide una mayoría de catalanes.
¿De qué tienen miedo? Mi impresión: tienen miedo a dialogar de verdad, de preguntar y escuchar, porque no se ven capaces de convencer en Cataluña. ¿De verdad creen que con tribunales e imposiciones pararán una demanda democrática?", dijo el portavoz parlamentario del Partido Demócrata Europeo Catalán, Francesc Homs, en el Congreso.
Homs acudió a la Cámara baja para proponer la creación de una comisión que debata 46 propuestas planteadas por Puigdemont para Cataluña, incluida una consulta vinculante para antes de septiembre de 2017.
El Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos, que rechazan la consulta y superan juntos con creces la mayoría absoluta de la cámara, se opusieron a la propuesta.
Este Gobierno quiere dialogar porque nos interesan los problemas reales de los catalanes, que no son el referéndum", dijo la diputada catalana del PP Alicia Sánchez Camacho. "No nos van a encontrar en una comisión de trabajo que pretende hablar de la desintegración de España", añadió.
