La organización Tequio Jurídico demandó a la Cámara de Senadores no aprobar la Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario, porque no garantiza los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales.
El coordinador de la organización, Armando de la Cruz Cortés dijo que el proyecto de decreto para abrogar la Ley Agraria, presentado por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el 23 de octubre pasado, busca profundizar el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, pues no establece la protección de la tierra de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas.
Esta iniciativa, que aún mantiene sin modificación varios artículos de la Ley Agraria anterior, se fundamenta en los artículos dos y 27 constitucionales, el primero no atiende las aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas y el segundo de corte neoliberal, tiene como propósito convertir la propiedad colectiva de la tierra en dominio pleno a través del programa de certificación, actualmente denominado Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) y generar condiciones legales para la inversión, anotó.
Explicó que esta iniciativa refuerza la visión mercantilista de la tierra y figuras jurídicas para favorecer el despojo legalizado de los territorios, como los contratos de usufructo, derechos a la asociación, enajenación de las tierras ejidales, dominio pleno y otorgar las tierras en garantía, así como las modalidades para participar en proyectos de inversión pública y privada o aportar tierras ejidales y comunales a sociedades mercantiles o civiles.
“La propuesta será desventajosa para las mujeres y hombres del campo ya que estarán obligados a conocer y especializarse en diversas legislaciones, pues ahora necesitan conocer la legislación agraria, mercantil, civil, ecológica, en materia de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de bienes nacionales, así como la legislación sobre asentamientos humanos para hacer defensa de sus tierras y territorios”, señaló.
Además, destacó que la iniciativa pone en riesgo la existencia de la propiedad social de ejidos y comunidades, al dar facultades a la asamblea para resolver la terminación del régimen y otorgar dominio pleno de los solares y las parcelas.
Aparte de esto, mencionó que también abre la posibilidad de un nuevo despojo al reglamentar la terminación del régimen ejidal y disponer la asignación de excedentes de tierra con la declaración de nacionales.
También, subrayó que suprime a la Procuraduría Agraria las funciones de servicio social y le da atribuciones para prestar servicios de consultoría jurídica de los sujetos agrarios individuales y colectivos en su relación con terceros, entre ellos, empresas extractivas.
Ante esto, demandó a la Cámara de Senadores no aprobar la iniciativa, por no garantizar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos internacionalmente.
Así como impulsar una verdadera iniciativa que reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con autonomía y libre determinación sobre sus territorios.
De la Cruz Cortés dijo que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, implica una profunda reforma constitucional con base en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Es necesario también –asentó –, reconocer a las comunidades indígenas, su autonomía y libre determinación sobre su vida interna y su territorio, facultándolas para establecer lugares de importancia espiritual, reservas comunitarias o modalidades de protección colectivas y las reglas para el cuidado y la protección de la integridad del territorio indígena conforme con sus propias modalidades, tiempos, costumbres y sistemas normativos.
