Se contabilizan dentro de las cifras del empleo formal, sin embargo, a través de distintas formas de contrato, los empleadores evaden legalmente su responsabilidad para otorgar prestaciones de ley.
El outsorcing o la subcontratación –la contratación bajo la figura de socio o a través de afiliaciones obligatorias en cooperativas– es parte de los mecanismos utilizados por grandes empresas, tiendas departamentales e incluso universidades públicas y privadas, para burlar el pago de aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, y evitar que los empleados generen antigüedad.
Según el informe de Censos Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que el empleo en México creció 3.7 por ciento en 10 años, el modelo de subcontratación, conocido como outsourcing, lo hizo en un 48 por ciento en el mismo periodo.
Jaime Mayoral Gómez, litigante de derecho laboral y excatedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), estimó que en Oaxaca por cada diez empleos “formales” cinco no cuentan con prestaciones y derechos reconocidos en la Ley Federal del Trabajo.
Contratos de capacitación
Otras formas de simulación laboral son los contratos de capacitación reconocidos en la ley. Bajo este mecanismo las empresas pueden contratar personal por uno y tres meses, con la ventaja de poder renovarlo las veces que desee o simplemente terminarlo en el momento que lo desee, sin otorgar el pago de un finiquito o una liquidación.
En el terreno de las universidades privadas la contratación se realiza a través de la afiliación obligatoria a una cooperativa de tal manera que al ser socio sin derecho a participar en el capital, el personal sea contratado por horas y terminar la relación laboral en un lapso máximo de tres meses.
En el 2014, del total de personas ocupadas el 16.6 por ciento pertenecía al régimen de subcontratación, o sea que no eran dependientes de la razón social en la que trabajaban.
La mayoría de las personas subcontratadas se concentraba en el área de comercio con un 33.5 por ciento del personal; el 27.4 dentro de la actividad de servicios no financieros; 25.9 está en el sector manufacturero y el 13.2 por ciento en otras actividades.
