La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz propuso a la 64 legislatura desaparecer tres subauditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con el argumento de generar un ahorro de 1 millón 580 mil 724 pesos al año; aunque los legisladores reciben 110 mil pesos mensuales -cada uno- para gastos de gestión, que representan un total de 55 millones 440 mil pesos anualmente, gasto que han preferido no tocar.
En su iniciativa de reforma a la Constitución local, señala que uno de los compromisos que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumió con el pueblo de Oaxaca, es el combate frontal a la corrupción, la cual no solo se da por disponer de los caudales públicos de forma indebida, sino también, cuando se asignan sueldos, salarios y demás emolumentos a los funcionarios públicos de altos niveles de los poderes públicos, de los órganos con autonomía constitucional y demás órganos de la administración pública o fideicomisos de la misma.
Dice que propone eliminar tres subauditorías por considerar que las mismas van en contra de la austeridad republicana y en contra de los principios constitucionales rectores del gasto público.
Subraya que el costo excesivo de las tres subauditorías tanto en sueldos de quienes las encabezan, como del personal adscrito a estas y demás gastos que generan, se incrementa por el pago de aguinaldos, vacaciones, bonos de productividad y otras prestaciones que no transparenta el órgano autónomo auxiliar del Congreso del Estado de Oaxaca.
Asevera que las funciones de estas subauditorías son casi nulas y que quien en realidad realiza las funciones son los auditores especiales, ya que en el artículo 9, 10 y subsecuentes del reglamento interior del órgano de fiscalización se establecen las mismas funciones, atribuciones y nivel jerárquico para los subauditores y los auditores especiales.
“Para el caso que nos ocupa, de eliminar tres sub auditorías del órgano de fiscalización se cumpliría con los puntos 1 y 3 del plan de austeridad republicana, pues con ello directamente se reduce el gasto corriente respecto a salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de un órgano autónomo constitucional y se evita el engrosamiento del aparato burocrático que no desarrolla funciones productivas, además que reorienta las plazas que tienen asignadas para incrementar el número de auditorías y lograr una mayor cobertura del universo fiscalizable que tiene a su cargo esta institución pública”.
