El Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), señaló que si bien los decretos de reserva de agua no establecen de manera concreta la palabra privatización, hay elementos de sospecha sobre la eventual utilización del agua para uso particular.
El presidente del INSO e integrante del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA), Juan José Consejo Dueñas explicó que los decretos están fundados en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual tendría que haberse modificado a la par del reconocimiento del agua como derecho humano establecido en el artículo cuarto constitucional durante el 2012.
El artículo transitorio obligaba a la creación de una nueva Ley de Aguas, la cual ha sido múltiplemente objetada porque no corresponde al manejo actual del elemento vital.
El especialista en el tema precisó que hay una tendencia que se expresa en la propia ley y sus modificaciones. En ésta se incorporaron elementos que lo que hacen es reforzar el régimen concesional, es decir un mecanismo de asignar los derechos de agua.
En las modificaciones realizadas hasta el 2004, la Ley General de Aguas ignora los derechos de las comunidades y ejidos de los pueblos originarios y “van en el claro sentido de la privatización”, declaró.
Mediante la ley vigente la Conagua puede emitir títulos de concesión independientemente del régimen legal de tenencia de la tierra y los derechos comunitarios; así por ejemplo la instancia puede decidir sólo en base a un estudio técnico sin necesidad de preguntar a la localidad.
En muchos de los casos, eso lo tenemos por experiencia, esas concesiones son de uso particular.
En el cuerpo de los decretos, incluídos los considerandos no establecen que las aguas de los ríos superficiales se privatizará, “pero la manera en la que están planteados, el momento en el que ocurre y las posibles consecuencias, si levantan señales de alarma. Ya estamos acostumbrados a esta manera de manejar los instrumentos legales y políticos para lograr ciertos fines y es inevitable que nos preguntemos ¿Cuáles son estos fines?”, cuestionó.
Organizaciones internacionales como la WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza, entre otras, fueron presionando a la Conagua y al gobierno para que adoptaran una nueva manera de ver el agua que se concreta con los diez decretos publicados, no obstante “tenemos que ser cuidadosos de su aplicación”, señaló Consejo Dueñas.
Los decretos como los publicados, tienen limitaciones y “cosas que a la luz de nuestra experiencia no podemos interpretar de otra manera más que como trampas que en algunas ocasiones están ocultas”.
