El legislador de Morena, Mauro Cruz Sánchez presentó una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de ampliar a cinco años la revisión de las cuentas públicas de los entes públicos estatales, los 570 municipios del estado y cualquier persona física o moral que recaude, administre o ejecute este tipo de recursos.
Dijo que el plazo debe ser de cinco años anteriores al ejercicio fiscal en curso para poder fiscalizar la cuenta pública o situaciones especiales, donde existen denuncias fundadas en contra de alguna institución gubernamental, así como algunos servidores públicos que con su actuar estén causando daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las instituciones públicas.
Comentó que dadas las limitantes de un año que ahora se establece en el artículo 65 bis de la Constitución local, no es posible que se le pueda dar seguimiento y evaluar correctamente los proyectos estratégicos y sectoriales, los planes y programas de trabajo y los programas operativos anuales de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, municipal y demás ejecutores del gasto.
“Esto, dado que el mismo ordenamiento constitucional no permite que se pueda cumplir con los dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y otras disposiciones aplicables”.
Cruz Sánchez añadió que las revisiones de fiscalización no pueden reducirse a un año, sino mínimo a cinco.
“Además, para la correcta aplicación de la técnica y procedimiento de auditoría siempre resulta necesario poder revisar y analizar información contable, presupuestal, financiera, programas operativos anuales y programas de planeación de ejercicios fiscales anteriores o posteriores del ejercicio que se están revisando; de igual forma es necesario revisar los documentos que integran la contabilidad y el expediente técnico de adquisiciones de bienes y servicios, así como otras informaciones ligadas al ejercicio del gasto público, a efecto de confrontar lo planeado con lo obtenido en la ejecución”.
Destacó que no hay disposición legal que establezca limitante de tiempo para revisar o fiscalizar la cuenta pública, por lo que es posible proteger por más tiempo los intereses de la hacienda pública estatal y las municipales, así como el patrimonio de las instituciones públicas, lo que además permitirá un mejor combate a la corrupción.
