CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo protagonizado por la ex dirigente del PRD Rosario Robles y el empresario Carlos Ahumada es retomado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Justo cuando la dependencia busca imputar a Robles por un delito relacionado con la Estafa Maestra, la Fiscalía informó a un juez federal que cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de Ahumada en un presunto fraude y extorsión de 400 millones de pesos en agravio de la ex Jefa de Gobierno y del PRD.
Se trata de un caso denunciado en 2013 por Robles, quien acusó al empresario argentino de tomar su firma de un documento en blanco e inscribirla en un pagaré apócrifo fechado el 1 de agosto de ese año.
Según la denuncia, Ahumada pretendía cobrar con este documento falso un "préstamo" que hizo al PRD, cuando Robles era su presidenta a nivel nacional.
A pesar de la manifestación de la Fiscalía, no se tiene noticia de que hubiese solicitado una orden de aprehensión contra Ahumada, relacionada con estos hechos.
El 24 de julio de 2018, Ahumada presentó su amparo ante Vargas Alarcón, con el propósito de que la FGR fuera forzada a archivar esta indagatoria iniciada por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
En su demanda ante el Juez Décimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, ofreció unos peritajes en grafoscopía y documentoscopía de la Corte Suprema de Argentina, fechados el 16 de junio de 2016, en los que se concluye que el pagaré no fue fabricado.
Es decir, que no existen elementos para establecer que la firma del pagaré fue confeccionada antes o después del texto; que tenga restos de tóner o que la hoja en blanco que anexó Robles en su denuncia haya sido obtenido con una copia de la firma genuina del pagaré, como ella lo afirma.
Sin embargo, el juez de amparo dijo que, independientemente de los peritajes, la sola posibilidad de que la firma hubiese sido obtenida de una original y reproducida en el pagaré, era más que suficiente para que la Fiscalía continuara con la indagatoria abierta, aunque llevara seis años tramitándose.
"No se está en condiciones de establecer que la conducta o hechos atribuidos al quejoso (Ahumada) no son constitutivo de delito; para tener acreditado plenamente que no participó en éstos", señaló en su sentencia.
El mes pasado, el Tercer Tribunal Colegiado Penal confirmó la resolución de Vargas Alarcón y, en cumplimiento a ella, la FGR envió un escrito al juez para informarle que cuenta con los elementos para acreditar los delitos contra Ahumada.
Por este mismo caso, el empresario también demandó por la vía civil al PRD y en el 2014 el supuesto adeudo que reclamaba era de 520 millones pues, además del pagaré, incluía 120 millones de intereses, dinero que supuestamente correspondía a un préstamo al partido político en 2003.
Aunque se instruyó el embargo de las cuentas del partido del sol azteca, desde hace un lustro un juez federal en materia administrativa suspendió dicha medida cautelar impuesta a los recursos del instituto político.
