En todas las determinaciones y decisiones que se toman en un órgano jurisdiccional, ante casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, se brinda la mayor protección posible de sus derechos; lo que incluye que las madres y los padres de familia cumplan con los deberes que tienen con sus hijas e hijos.
Al respecto, el Poder Judicial del Estado informó que en este tipo de procesos legales, además del conocimiento jurídico, las y los jueces deben contar con sensibilidad, interés y empatía hacia las personas que atienden, para visualizar el contexto de la situación familiar que atraviesan y ofrecerles una solución efectiva.
Conforme al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de los padres satisfacer todas las necesidades de sus hijos menores de edad, además de preservar su salud física y mental.
También el artículo nueve, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados Partes respetarán el derecho del menor que esté separado de su padre y/o madre a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos y ellas, de manera regular, salvo, si ello es contrario al Interés Superior del niño o de la niña.
En este sentido, un aspecto que no se puede pasar por alto en este tipo de asuntos, son las necesidades de atención y edad, su situación de salud o que presenten alguna diversidad funcional e incluso discapacidad, por lo cual se atiende de forma concreta a cada familia.
De esta manera, salvaguardando el Interés Superior de la Niñez y la protección a grupos vulnerados, el Poder Judicial del Estado, a través de la caja-ventanilla del Fondo para la Administración de Justicia, continúa y no ha suspendido en ningún momento el pago de pensiones alimenticias, trámite que se realiza con las restricciones necesarias como parte de las medidas de protección para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.
En caso de dudas e información sobre el seguimiento de asuntos judiciales y los servicios con los que cuenta la institución, las personas pueden comunicarse al Centro de Respuesta Inmediata, JusticiaTEL, con el número telefónico 800 719 22 32.
