Una familia de San Cristóbal Suchixtlahuaca, región de la Mixteca, denunció que la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial del Estado vulnera sus derechos fundamentales al ordenar al fiscal de Nochixtlán y al Juzgado de Garantías dejar de conocer la denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, abigeato y demás, presentada en contra de las autoridades municipales.
En visita a NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, acompañado de su hijo Santiago Rivera Gaytán, el afectado Guillermo Rivera dijo que la Sala de Justicia Indígena está legalizando el robo, el asesinato y cualquier violación a los derechos humanos de cualquier miembro de la autoridad municipal, comunal o ejidal porque está protegiendo la comisión de hechos delictivos.
De esta manera, expuso que el magistrado ponente del caso, Luis Enrique Cordero Aguilar, está brindando una total protección y beneficios jurídicos al presidente municipal y síndico en funciones, Celso Miranda Andrés y Álvaro Pérez Montes, quienes con las exautoridades son los responsables de los delitos denunciados.
Detalló que la denuncia penal fue presentada en la fiscalía de Nochixtlán porque las autoridades municipales y comunales, ingresaron el 27 de junio del año pasado a su propiedad para sustraer 148 chivos y 43 cabritos de la raza Boer, con un costo aproximado de 850 mil pesos, por una supuesta afectación causada por los animales en una superficie reforestada.
Además, subrayó que su esposa Adriana Gaytán López fue encarcelada ilegalmente por órdenes de los entonces presidenta municipal y síndica, Rosa López Baltazar y Guillermo Rivera Baltazar, por la misma situación.
Destacó que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deslindaron a sus animales porque no comen la especie pino-ocote utilizada para la reforestación.
Mencionó que las autoridades municipales pretenden cobrar a su familia 250 mil pesos para la devolución de los chivos por alimentación y derecho de piso porque se encuentran encerrados en el corral municipal.
Aparte de esto, destacó que el síndico Álvaro Pérez Montes y su abogado Marcelino Sánchez Nicolás se apersonaron al domicilio de su suegro y con engaños, pretendían obtener su firma en documentos desconocidos.
Ante esta situación, demandó la intervención del gobierno estatal y de organismos de derechos humanos para que sean castigados los responsables de los delitos y dejen de cometer delitos amparados en los usos y costumbres del pueblo.
