Los integrantes de la 63 legislatura del Congreso de Oaxaca no debieron pasar por alto las opiniones de expertos en contra de la desaparición del Consejo de la Judicatura.
Quienes se pronunciaron en contra de tan desafortunada iniciativa para reformar la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de desaparecer el Consejo de la Judicatura, tenían razón.
El otorgamiento del amparo 753/2018 en contra del decreto 1539 y la admisión de la controversia constitucional promovida por los magistrados del poder judicial de Oaxaca, evidencian que dichareforma dista mucho de ser un avance en materia de justicia.
El decreto 1539 por el que los legisladores priistas borraron de un plumazo el Consejo de la Judicatura de Oaxaca revela violaciones legales graves y acarrea consecuencias jurídicas y políticas. El juez de amparo observó …”la falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática” con lo que se evidenció no sólo el desconocimiento del espíritu de las leyes vigentes, sino también la omisión y la incomprensión del mensaje expresado por la ciudadanía el 1 de julio en la urnas. A menos de dos meses de aquel día ya impera el olvido de nuestros legisladores. Han comentado diversos estudiosos del proceso que el 1 de julio se expresaron, más que las ideas, los sentimientos, las frustraciones, los ideales y las energías de quienes vivimos los últimos ochenta años sometidos a un régimen de amarguras, pobreza, autoritarismo, violenciay corrupción.
Es muy grave que se acuse en medios informativos al titular del Poder Judicial de Oaxaca de incidir en el proceso legislativo con la finalidad de atender sus intereses particulares antes de satisfacer el interés público, que, como sabemos, es el fin supremo de la ley. De ser así, el máximo representante del Poder Judicial de la entidad estaría tomando providenciasante la posible concreción de un nuevo régimen democrático, si nos atenemos al mandato ciudadano del 1 de julio de 2018.
Lo sabe el legislador, existe en el ideal democrático una irrenunciable base ética de donde debería emanar la realidad jurídica actual. Conoce también la necesidad de legislar los derechos que se imponen como principios reguladores de los diversos elementos que conforman el orden social, en base a los principios constitucionales y los instrumentos internacionales pro derechos humanos suscritos por el gobierno de México. Y qué decir sobre este momento de transición que vive el país.
No es fortuito que al momento de recibir del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, recordara que en las pasadas elecciones la gente voto por un gobierno honrado y justo y que “Quieren castigo por igual para los corruptos”.
Así las cosas, desde su presentación la reforma corría el riesgo de verse como un recurso para continuar protegiendo la impunidad de los poderosos, en sentido inverso del anhelo infinito de justicia expresado el pasado 1 de julio en las urnas.
No se entiende de otra forma. Salvo que alguien explique y haga digerible y transparente la fundamentación de la reforma. De lo contrario, entender una cosa por otra será la condición más difundida de lo que quiso hacerse con la desaparición del Consejo de la Judicatura de Oaxaca, y es que el poderoso intenta imponer su propia concepción de la ley, sin importar los principios emanados de la Constitución y los tratados internacionales.
Cuestión de interpretación. Sabedor de que el interés público está por encima de los intereses personales o de grupo, el Juez del juzgado XI de Distrito frenó la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca mediante el amparo 753/2018, medidaque deben acatar el Poder Ejecutivo, la LXIII legislatura y el mismo Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.
“Saberse de corridito las leyes es simple erudición; conocer el contenido es materia de cultura” (Francisco Rodríguez, Índice político, 26 de julio, 2018), Tal vez por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió y dio entrada a la Controversia Constitucional 132/2018, promovida por un grupo de magistrados y consejeros del Poder Judicial de Oaxaca, hecho que sienta un extraordinario precedente nacional de legitimación procesal por encima de la representación legal derivada de la formalidad de la investidura de quien preside el Poder Judicial de Oaxaca.
La consecuencia del decreto 1539/2018, es que, como el Estado de Morelos, Oaxaca también se mete de lleno al debate nacional sobre la desaparición o no, del Consejo de la Judicatura, que desde su creación ha sido la piedra en el zapato para de los gobernadores de Chihuahua (PAN); Morelos (PRD); Oaxaca (PRI). La coyuntura es inmejorable, con ambas controversias la Corte tendrá la oportunidad de fijar una posición sobre esta noble institución en base a los estándares internacionales, para eldiseño de los pesos y contrapesos que ya se perfilan en el Estado democrático, y que además, están prescritos enel artículo 116 de la Constitución e instrumentos convencionales relacionados con la materia planteada, así como las jurisprudencias internacionalesque ha emitido la CorteInteramericana.
Sociólogo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
