Melo García Ruiz ha crecido huérfano, así se afirma. Desde hace seis años vive con su esposa e hijo en un pequeño cuarto de alrededor de nueve metros cuadrados en el que apenas cabe una cama, una mesa, un mueble para guardar la ropa.
Su hogar está dentro del albergue de indígeas loxichas, donde aún viven 15 familias. Melo espera la liberación de su padre, Abraham García Ramírez, condenado a 30 años de prisión por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y supuesta participación en el ataque a instalaciones de la Partida de Infantería de Marina, de las policías Judicial Federal, Judicial del estado de Oaxaca, de la Preventiva del Estado, Policía Municipal de Santa María Huatulco y de Fonatur.
Las condiciones en las que vive cada familia son de hacinamiento, se reparten por pequeños cuartos y han habilitado un espacio para cocinar; los baños son de uso común y, al fondo de las instalaciones del albergue, se encuentra el cuarto más grande que es usado también como cocina.
Cuando arrestaron a Abraham García, su hijo Melo tenía dos años y la sucesión de los hechos que llevaron a su padre a la cárcel se formó a partir de lo que explicaron los abuelos y su madre, Valeriana Ruiz Ramírez.
“Con el tiempo que hemos estado, mi mamá nos sacó adelante porque mi papá, desde que lo detuvieron, no hay dinero pues, mi mamá hizo el esfuerzo de sacarnos adelante”.
Melo García, aún espera que su padre sea liberado. Afirma que paga una condena por un delito que no cometió. FOTO: Mario Jiménez Leyva
La madrugada del 29 de agosto de 1996, en la población de Santa Cruz, municipio de Santa María Huatulco, distrito de Pochutla, el EPR atacó las instalaciones de las corporaciones militares y de seguridad pública. En el atentado resultaron 13 muertos, entre ellos, cuatro infantes de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y cuatro personas más.
El Gobierno, a través de sus fuerzas militares y policíacas, llevaron a cabo operativos para capturar a los presuntos responsables del ataque e integrantes del grupo guerrillero, entre ellos los realizados en el municipio de San Agustín Loxicha donde detuvieron a decenas de indígenas. Durante seis años, las fuerzas del Estado permanecieron en la región.
Hombres desplazados
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las aprehensiones realizadas contra habitantes de la zona incidieron en la vida cotidiana de los indígenas y produjo el desplazamiento de la población, especialmente masculina, “lo que ha propiciado que muchas mujeres tengan que enfrentar la vida y la de sus hijos sin el apoyo de los varones. “Esta situación es especialmente cierta para las mujeres que son familiares de los indígenas que están o han estado presos, acusados de tener vínculos con grupos armados asociados a movimientos de reivindicación social”.
El 10 de julio de 1997 familiares de los presos de la región Loxicha – entre ellos, mujeres y niños – instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Oaxaca que se extendió por más de cuatro años, para denunciar la injusta detención de la que fueron objeto.
La CNDH documentó 38 procesos penales instruidos a indígenas de la región por los hechos señalados, de los cuales 9 corresponden al fuero federal y 29 al fuero común. Pero además, señala, el ocho de diciembre del 2000 se decretó, bajo el número 234, la Ley de Amnistía del Gobierno del estado de Oaxaca, la cual tuvo como finalidad el beneficio a personas relacionadas con hechos atribuidos al EPR.
La amnistía
Con Ley de Amnistía fueron beneficiadas con excarcelación 17 personas que se encontraban sentenciadas, 47 que estaban en prisión sujetas a proceso y 104 que tenían órdenes de aprehensión giradas en su contra y que fueron canceladas, en todos los casos, por delitos del fuero común.
Abraham García lleva 19 años en la cárcel por un delito que, asegura, no cometió. Melo detalla que el día los ataques en Huatulco, su padre se encontraba en San Agustín Loxicha en el velorio de un familiar.
Los niños, damnificados de la guerrilla. FOTO: Mario Jiménez Leyva
“Dicen que él también estuvo y eso no es cierto, porque de hecho cuando pasó lo de Huatulco él no estuvo ahí, falleció un familiar de nosotros y ahí estábamos en el velorio, y estuvo él con nosotros en el velorio, me lo platican mi mamá, mis abuelos”.
Inés Antonio Reyes vive en el albergue desde el año 2000; su esposo Cirilo Ambrosio Antonio, relata, fue detenido en la comunidad El Manzanal y posteriormente los llevaron a Huatulco donde lo acusaron de ser parte del EPR. Lo hicieron firmar hojas en blanco, lo vistieron de militar y a sus pies le pusieron el cuerpo de un policía muerto y le tomaron una fotografía. Posteriormente, relata, lo trajeron a la ciudad de Oaxaca detenido y encarcelado.
Familia de Inés Antonio Reyes. Su esposo Cirilo Ambrosio Antonio, relata, fue detenido en la comunidad El Manzanal, ajeno al ataque guerrillero. FOTO: Mario Jiménez Leyva
“Lo detuvieron por el Manzanal y se lo llevaron por Huatulco, ahí le dijeron de grupos armados, del EPR, lo acusaron así. Lo trasladaron aquí a Oaxaca en una celda chiquita y no lo puede ver ninguna persona y dijeron que era por la matanza y cuando llegamos ahí, entramos al penal y salió cinco minutos nada más”.
Para la señora Inés Antonio han sido años muy difíciles para ella y su familia, integrada por seis hijos. Se vio obligada a emplearse como trabajadora doméstica para mantener a sus hijos.
“Fue muy difícil porque no conocíamos acá en Oaxaca. Mi esposo estuvo 14 años, casi 15 años. Teníamos que trabajar para comer, allá nos dedicábamos al campo, éramos campesinos, trabajábamos la milpa, frijol”.
Han pasado cerca de 20 años desde que empezó el caminar de Inés Antonio y su familia, y 16 años desde que viven en el albergue. ¿Volver a San Agustín Loxicha?: “ Ya no extrañamos allá, ya nos acostumbramos, mi hija la más grande tiene 27 años”.
La esperanza de Melo
Melo García aún tiene la esperanza que liberan a su padre y pide al gobernador del estado y al presidente de la república que lo dejen en libertad, porque "no es justo que pague por un delito que no cometió", indicó.
“Necesito a mi padre, que le den su libertad y a los otros tres compañeros que quedan. Hay momentos que necesito a mi padre, que esté conmigo. Yo he crecido huérfano”.
Protesta de los presos loxicha en donde aseguran su inocencia. FOTO: Mario Jiménez Leyva
