La moderación de contenidos que llevan a cabo las plataformas de redes sociales, con base en las normas comunitarias o políticas que las mismas páginas determinan, inhiben la libertad de expresión porque remueven información que es de interés público, afirmó la coordinadora legal de derechos digitales de Artículo 19, Priscila Ruiz.
Al participar en la Jornada Digitalización de la Libertad de Expresión, organizada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), explicó que la moderación de contenido son las acciones que toman las plataformas para aplicar normas comunitarias y políticas, entre ellas la remoción de contenidos, bloqueo de cuentas de los usuarios e, incluso, cancelación por completo de un perfil.
Estas medidas se toman con el fin de ir moderando los contenidos, pero también se ha visto que esta moderación se pretende realizar por medio del Estado, creando para ello leyes o reglamentos”.
Sostuvo que este efecto inhibidor se palpa porque no se cumple con el respeto a las garantías establecidas en las leyes del Estado mexicano, por ejemplo, el debido proceso, la apelación y la transparencia respecto a la remoción de contenidos.
“Por ejemplo, esto sucede cuando se bloquea nuestra cuenta en alguna red por infringir una norma comunitaria y si bien hay un tipo de proceso para apelar esta decisión, no hay claridad respecto si se respetan nuestros derechos a ser escuchados, si la apelación funciona e, incluso, a veces ni siquiera hay respuesta”.
Remoción de contenidos
Manifestó que está práctica se está extendiendo para eliminar y restringir la circulación de información en Internet, valiéndose de estos marcos normativos que establecen las propias plataformas, lo que hace que a veces se utilicen de forma ilegítima o irresponsable a fin de censurar información de interés público.
Señaló que la remoción de contenidos se hace de tres maneras distintas: por solicitud del Estado a las propias plataformas; la otra, es mediante una solicitud directa de los actores a los periodistas o medios de comunicación para exigir eliminación de contenido en los sitios, lo que es muy recurrente; y la tercera, es la aplicación de los términos y condiciones que establece cada plataforma y aplica a su criterio.
Expresó que por esta razón organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), han establecido diversos mecanismos para proteger a los periodistas y medios de comunicación de estas remociones; “ellos han planteado qué es lo que tienen que garantizar los estados y las propias empresas privadas de estos servicios como piso mínimo para garantizar la libertad de expresión”.
“Algo importante que ha retomado la propia ONU es establecer los estándares para un Internet libre, abierto e incluyente, donde se analiza este tema de remoción de contenidos desde una dimensión individual, pero también en la dimensión final. Ellos han llamado a los estados a garantizar y proteger la libertad de expresión de las personas, que se puedan difundir opiniones e ideas; así como que se tengan la accesibilidad de recibir información, toda vez que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales para la democracia”.
La experta subrayó que los usuarios no cuentan con la información respecto a la forma en cómo se regulan las plataformas digitales, por lo que la imposición de una sanción por contenido, es muchas veces justa, arbitraria e ilegal.
