Oaxaca.- La autoridad municipal de Santa María Chimalapa reconoció ayer a los gobiernos estatal y federal su intervención para desalojar a invasores de su territorio en los predios El Zapote y La Gringa, pero también demandó expulsar a otros ocupantes del paraje La Reforma, como se comprometieron en forma institucional.
“Queremos que se realice lo más pronto posible, antes de que lo haga nuestra gente”, afirmó el presidente municipal, Silaín Hernández González.
También, requirió a los gobiernos federal y estatal la asignación de recursos financieros extraordinarios para la reforestación de las 54 mil hectáreas dañadas en El Zapote y La Gringa, así como a fin de establecer una congregación en la zona con el propósito de evitar nuevas invasiones.
En conferencia de prensa, acompañado de miembros de su Cabildo, el munícipe explicó que en el desalojo de los predios El Zapote y La Gringa, donde fueron detenidos 26 invasores y posteriormente procesados en el Juzgado de Garantías de Matías Romero por el delito de despojo agravado –entre estos, 11 también por portación de arma de fuego–, fue el resultado de un trabajo coordinado y conjunto entre Santa María Chimalapa, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República.
“Reconocemos que cumplieron su palabra”, asentó.
Explicó que el desalojo se suma a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde declaró la desaparición del Consejo Municipal nombrado por el Congreso del Estado de Chiapas en el supuesto municipio Belisario Domínguez, por estar asentado en territorio de Santa María Chimalapa.
Sin embargo, subrayó que aún está pendiente el compromiso de desalojar el paraje La Reforma, la primera ocupación denunciada y la de mayor número de invasores.
“Es un asunto más difícil todavía; son por lo menos 400 invasores, la mayoría armados”, señaló.
De esta manera, demandó a los gobiernos federal y estatal cumplir su compromiso “lo más pronto posible” por el riesgo de que sean desalojados los invasores por los habitantes de Santa María Chimalapa.
Igualmente, requirió el reforzamiento de la seguridad en San Francisco La Paz y el desarrollo de patrullajes constantes, para evitar nuevas invasiones en la zona y represalias en contra de la población.
Además, solicitó el respaldo de las administraciones federal y estatal para la reforestación la amplia zona dañada y con el propósito de establecer una congregación a fin de evitar otras invasiones.
Por último, reclamó a los gobiernos federal y estatal la entrega de los recursos financieros convenidos en la mesa social para la ejecución de obras de infraestructura en esa municipalidad.
Hernández González dijo que el pueblo de Santa María Chimalapa “no tendrá alguna razón para actuar por su propia mano”, mientras las administraciones federal y estatal sigan cumpliendo con la protección y seguridad en su territorio.
