Los gobiernos federal y estatal se comprometieron a resarcir los daños causados por la muerte legal de mil 013 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán decretada por el Registro Civil (RC), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), así como investigar y sancionar a los funcionarios responsables de esos hechos.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes informó que esa obligación fue contraída por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, durante una reunión con los beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los efectos de buscar una forma de solución.
Expuso que el encuentro se desarrolló ante la solicitud hecha por la CIDH al Estado mexicano para rendir un informe detallado sobre el motivo de dar por muertos y sepultados a 22 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán beneficiarios de las medidas cautelares, entre los mil 013 en total, por disposición de funcionarios del RC, del RAN y de la PA.
Subrayó que tanto el subsecretario Encinas Rodríguez y el gobernador Murat Hinojosa reconocieron la violación de los derechos de los comuneros y se comprometieron a reparar el daño causado a los comuneros para recuperar sus derechos y así puedan en su oportunidad, elegir a sus representantes agrarios.
Destacó que también se comprometieron a sancionar a las personas y funcionarios públicos, tanto federales, estatales y particulares participantes en los hechos.
Santiago Reyes dijo que la respuesta ofrecida por los gobiernos federal y estatal resulta alentadora, porque el Estado mexicano reconoce así las violaciones y arbitrariedades cometidas en contra de los beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH.
Afectados
1,013 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán
Compromisos
- Recuperar sus derechos para que pueda elegir a sus representantes agrarios.
- Sancionar a las personas y funcionarios públicos, tanto federales, estatales y particulares implicados en los hechos.
