CIUDAD DE MÉXICO .- La Suprema Corte de Justicia atrajo hoy un amparo del periódico Frontera de Tijuana, para aclarar si la cancelación de publicidad por parte de los Gobiernos estatal y municipales fue una violación al derecho de libertad de expresión.
La Primera Sala de la Corte atrajo la revisión del amparo promovido por la empresa Grupo Healy, que publica Frontera, La Crónica y Frontera Ensenada, luego de que el Gobernador Francisco Vega Lamadrid y los cinco municipios de la entidad dieron por terminada la relación comercial mediante un desplegado en el que básicamente acusaron a los periódicos de extorsión.
El grupo periodístico replicó que los gobernantes del estado buscan asfixiarlo económicamente por no estar de acuerdo con su línea editorial, pero en primera instancia, un juez federal de Tijuana resolvió en mayo pasado que el desplegado no violó derechos humanos.
La Sala atrajo la revisión del amparo de Grupo Healy, por considerar que involucra temas jurídicos de relevancia excepcional.
Eventualmente, la Corte podría pronunciarse sobre dos temas distintos: el desplegado en sí mismo, y la cancelación de relaciones comerciales con Grupo Healy, que tiene consecuencias directas sobre las finanzas de la empresa, pero podría ser clasificado no como una acción de autoridad impugnable mediante amparo, sino como un acto mercantil.
