La niña de seis años de edad víctima de abuso sexual por parte de un trabajador del ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, se encuentra en el abandono institucional: sin atención psicológica ni médica a pesar de las secuelas que aún presenta.
Mientras tanto, su agresor está prófugo.
Personas cercanas a la familia, detallaron que la menor de edad desde el pasado 25 de noviembre, fecha en la que ocurrieron los hechos, no se presenta a la escuela debido a que enfrenta depresión y por momento sangrado vaginal.
La madre y el padre de familia, quienes son personas de escaso recursos, interpusieron la denuncia penal correspondiente de manera inmediata en contra de una persona identificada como Leoncio BS, quien se desempeñaba como chofer de la síndica municipal Silvia Marín.
A pesar de que el presunto responsable fue detenido y encarcelado en el municipio de Mixtepec, por la dilación de la fiscalía e intervención de la síndica de Mixtepec, fue puesto en libertad y ahora está prófugo, según lo denunciaron habitantes de la localidad, quienes pidieron fuera guardada su identidad para no ser víctimas de represalias.
Relataron que luego del delito cometido en contra de la niña de seis años de edad, ella y su madre acudieron en una primera instancia ante la policía municipal de la localidad.
Por las condiciones en las que se encontraba la menor de edad las trasladaron al Centro de Salud.
En el lugar, el médico les indicó que debido a que se trataba de un delito no podía intervenir y las remitió hacia el ministerio público en Puerto Escondido.
Supuestas amenazas de la síndica
Antes de ser trasladada, fue llamada por la síndica municipal Silvia Marín quien la amenazó para que no denunciara al agresor.
“Ella dijo que les iba a hacer daño a ella y a toda su familia porque quería proteger a Leoncio, quien fue su marido”.
Los días posteriores a la denuncia, María González, madre de la víctima, fue objeto de amenazas por parte de la síndica, incluso bajo engaños la hizo ingresar a su casa y ejerciendo presión la obligó a recibir 5 mil pesos como reparación del daño.
“La síndica le dijo que la quería ayudar para que castigaran al responsable pero no fue así porque lo que quería era amenazarla y presionarla a recibir el dinero para proteger al agresor. La síndica le aseguró que por ser pobre no iba a haber justicia”.
El encuentro fue grabado por una tercera persona con la finalidad de utilizar el video para acusar a María de haber vendido a su hija.
“María tuvo que agarrar el dinero porque de otra manera no la iban a dejar salir de la casa”, explicó la fuente.
