El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, señaló que Oaxaca se encuentra en los cinco estados en donde se ejerce más violencia política, lo que da pie a que las mujeres sean más susceptibles a ser violentadas en sus derechos políticos electorales.
Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca se destaca en el ámbito de violencia contra presidentas municipales, destacó el funcionario.
Precisó que este año tienen dos casos de presidentas electas que señalan violencia política; además, que se encuentran en la ruta de absorber tres casos más en donde las regidoras o síndicas electas -que entrarán en funciones a partir del primero de enero- manifiestan este tipo de violencia.
Estados con mayor violencia
“Insisto, los casos con más incidencia delictiva en materia de violencia política son: Chiapas, Guerrero y Oaxaca con casos paradigmáticos, además de Puebla, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí”, expresó.
En entrevista, posterior al encuentro que sostuvo con el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y víctimas, el fiscal indicó que en el año 2015 se iniciaron 38 averiguaciones previas relacionadas con el tema de violencia en contra de la mujeres.
Para el 2016, se detectaron 103 casos relacionados al tema de violencia política, los cuales se resolvieron pero bajo los delitos que contiene la ley general en materia de delitos electorales, que son por destrucción de material electoral y obstaculización para emitir el voto.
Nieto Castillo apuntó que siguen pendientes cerca de 55 casos que atrajo la Fepade por el proceso electoral de este 2016, de los que se han liberado 14 órdenes de aprehensión; alguna de éstas para resolver los asuntos en Oaxaca, apuntó.
Urgente legislar sobre violencia política
El funcionario urgió la tipificación de la violencia política de género a nivel federal, la cual ya existe en Oaxaca.
“Es importante promover la idea de un tipo penal específico para combatir cualquier vicio en el que pudiera dar cabida a la impunidad en esta materia. Hay que reconocerlo, visualizarlo y plantear medidas para esas conductas”, acotó el fiscal.
La ley general en materia de delitos electorales sólo contempla dos hipótesis delictivas, pero ninguna es precisa para el caso de la violencia política de género. “Por eso es importante legislar, para establecer un tipo penal que establezca ciertas condiciones; aunque Oaxaca lo tiene, es fundamental que a nivel nacional exista”.
Delito penal
Para ésto se debería tener como sujeto activo a cualquier persona que puede cometer ese tipo penal, pero si fueran funcionarios o partidistas, la responsabilidad tendría que ser más grave; mientras que el sujeto pasivo serían las personas que participan en el ámbito político, no sólo candidatas, también funcionarias electorales y públicas que desempeñen un cargo.
“El tipo penal debería plantear que se trata de cuestiones donde existen elementos de género, donde las personas que cometen la agresión no lo hacen en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, sino cuando existe materia para demostrar que hay un menoscabo en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que no se les permite ejercer el cargo para el cual fueron electos o se les amenaza para que no puedan desempeñar sus cargos”.
Además -recalcó el fiscal- , el delito penal debiera ser agravante cuando exista la presencia de otro tipo de delitos penales como amenazas, acoso sexual, entre otros.
En 2016 crecen 46% casos de delitos electorales
En relación al proceso electoral del 2015 a nivel nacional, el proceso de este año, a pesar de que sólo se realizaron elecciones en 14 entidades, el número de denuncias y averiguaciones previas es mayor; pasó de mil 500 averiguaciones previas a más de dos mil 200 carpetas de investigación que se iniciaron este año.
El titular de Fepade, Santiago Nieto Castillo, indicó que durante la jornada electoral de este año se recibieron dos mil 500 llamadas relacionadas con delitos electorales. En el año 2015 se recibieron cerca de dos mil.
Este tipo de denuncias repuntan particularmente a partir de la expedición de la nueva ley general en materia de delitos electores en el 2014.
Referente a los casos del 2016, se han consignado mil 100, en los que se han liberado 400 órdenes de aprehensión y complementado 80; el resto sigue pendiente, además que bajo el nuevo sistema de justicia penal se han abierto 20 carpetas de investigaciones.
