La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene abiertos 72 expedientes de quejas y un cuaderno de antecedentes relacionados con el tema de deudores alimentarios morosos.
De éstas, en 30 casos (42 por ciento) se deben al incumplimiento de las sentencias emitidas por los Juzgados Familiares, cometidos por servidores públicos de distintas dependencias de gobierno, principalmente por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Servicios de Salud de Oaxaca.
En 22 casos (30 por ciento del total), las quejas se deben a dilación por parte del Poder Judicial, en lo que respecta a la emisión de sentencias o procesos que reclaman el pago de pensión alimenticia.
En otros dos casos se señala falta de imparcialidad por parte de las autoridades de justicia; tres más contra autoridades municipales; otras tres por hostigamiento laboral al iniciar el pago de pensión, y tres más contra servidores públicos que incumplen con esta responsabilidad.
La información proporcionada por el organismo autónomo agrega que además fue abierto el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/328/(01)/OAX/202 por el hostigamiento en contra de mujeres que acudieron al tendedero de denuncia de deudores alimentarios morosos.
En éste solicitó a la Fiscalía General del Estado su colaboración para que el Ministerio Público valorara la existencia de riesgo en el que se encontraban la denunciantes, y que en caso necesario, dictara medidas de protección que permitan salvaguardar su vida e integridad.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró que el no pago de la pensión alimenticia, además de ser una forma de violencia contra las mujeres es una violación a los derechos de las niñas y los niños.
Por ello se pronunció por “fortalecer las medidas encaminadas a prevenir la transgresión de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que implica repensar e innovar en las vías legales y normas procesales para exigir la satisfacción de los derechos alimentarios, considerando la priorización del interés superior de la niñez”.
De la misma manera consideró fundamental fortalecer la facultad de juzgadoras y juzgadores para allegarse de medios de prueba sobre la capacidad económica de deudores y deudoras, además se deben establecer nuevos parámetros para determinar el monto de las pensiones, especialmente cuando no sea posible comprobar los ingresos
En recientes fechas el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo una reunión con mujeres integrantes colectivas feministas impulsoras del tendedero de denuncias, durante el cual se acordó el acompañamiento permanente del organismo autónomo, con motivo de sus demandas, así como ante casos de hostigamiento.
