Ineficaz por ser un instrumento de cooptación y regulación del ejercicio periodístico, así es como la coordinadora de Redes y Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie, Jade Ramírez Cuevas, califica la ley estatal que en Oaxaca debería garantizar el derecho a la libertad de expresión, tal como ocurre también en Veracruz, Guerrero y Morelos.
Un ejemplo de esta ineficacia es “dar becas o dádivas en nombre de la protección” porque “confunden una problemática que no le corresponde al Gobierno resolver, sino a los directivos de los medios” por tratarse de condiciones laborales.
El “tambaleante” Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación”, fue cuestionado por la integrante de Periodistas de a Pie.
Durante su participación en el panel en torno a las medidas de prevención y protección, convocado en esta ciudad por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixa (CódigoDH), Ramírez Cuevas fue precisa al analizar un mecanismo próximo a cumplir cinco años.
“Acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos”, dijo antes de propiciar un ejercicio de memoria.
El mecanismo federal que emana de la Ley para Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada de manera apresurada por el ex presidente Felipe Calderón, “lo han sacado una y otra vez sin lograr se estabilice o erradiquen sus males nativos”.
Recordó también el paso de Lía Limón García por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y la rotación que con ello tuvo la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos que tiene la coordinación ejecutiva nacional del mecanismo, “como si fuera puesto de tianguis”, además de los despidos y maltratos que se denunciaban.
Pero lo más preocupante fue el propósito de Limón García de regresar a los gobiernos locales la responsabilidad de la protección a periodistas, copiando y pegando, “pero mal”, lo que la Ley federal estipula.
Así, con la creación de unidades de protección o mecanismos estatales, “se repite la historia de perfiles adecuados para ocupar los puestos inexistentes”, sin perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata.
