Oaxaca.- La indígena zapoteca, Elva Guadalupe Vásquez López, originaria de Santiago Xiacuí, denunció que fue expulsada de la asamblea general y desconocida como ciudadana por la autoridad municipal y un cacique de filiación priísta, para evitar su participación en la elección por usos y costumbres.
“Me discriminan por mi condición de mujer”, señaló.
En conferencia de prensa, la también presidenta de la Unión Estudiantil, Popular e Indígena Simón Bolívar, dijo que acudió a la asamblea general extraordinaria, convocada el 19 de junio pasado por el cabildo de esa municipalidad de la Sierra Juárez, pero su nombre fue omitido por el secretario municipal, Óscar López Jiménez.
Explicó que el presidente municipal, Eloy Eligio Valdés Vásquez, se dirigió a la asamblea general para informar sobre la existencia de un asunto pendiente por resolver con su persona, sobre el supuesto asesoramiento otorgado a la agencia municipal La Trinidad, quien demanda mayores recursos presupuestales, sin presentar alguna prueba para sustentar su acusación.
“Ante la imputación, negué que fuera asesora y aclaré que no conozco a las autoridades y que mis ocupaciones son otras. Y que si bien asisto a diversas comunidades, con La Trinidad no he tenido ningún trato”, asentó.
A pesar de esto, observó que la autoridad municipal sometió a votación su permanencia en la asamblea general y su atención en asuntos generales, donde una minoría estuvo de acuerdo y así fue expulsada.
Al terminar la asamblea general, “me acerqué a preguntar al presidente municipal qué había pasado y de manera autoritaria, humillante y despectiva, me dijo que si trataron mi asunto y que había sido desconocida como ciudadanía, por lo que ya no podía participar en las asambleas generales”, refirió.
Subrayó que la autoridad municipal y la asamblea general fueron manipuladas por el cacique priísta, Luis Silva Hernández, quien junto con los llamados “caracterizados”, imponen sus decisiones arbitrarias.
Debido a esto, resaltó que solamente tres mujeres se encuentran reconocidas como ciudadanas y como consecuencia, ninguna ha sido electa para ocupar un cargo.
Consideró que su expulsión de la asamblea general y su desconocimiento como ciudadana constituye un acto de discriminación por ser mujer, aun cuando ha demostrado con trabajo en servicios, obras y distribución de muebles para la comunidad, su capacidad y ánimo de servicio.
Ante ello, dijo que presentó una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) porque la determinación de la autoridad municipal pretende anular o menoscabar sus derechos y libertades.
“De manera arbitraria y pisoteando mis derechos constitucionales, la autoridad municipal me atribuye hechos falsos, me desconoce como ciudadana y con esto, me impide ejercer mis derechos”, indicó.
