CIUDAD DE MÉXICO.- La masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010, y la desaparición de al menos 42 personas en Allende, Coahuila, en 2011, evidenciaron la barbarie de los Zetas y la colusión del grupo delictivo, concluyó el Colegio de México en un informe coordinado por el escritor Sergio Aguayo.
Pero también abunda en el informe, titulado En el desamparo, la indiferencia de Gobiernos, la deficiente investigación de los casos y la necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.
Tras analizar estadísticas y distintas constancias, declaraciones y reportes sobre la masacre de migrantes en San Fernando, cometida en agosto de 2010, los investigadores concluyeron que el municipio tamaulipeco era en 2010 un "campo de exterminio".
Documentaron que los Zetas levantaban a migrantes, que luego ejecutaban "en masa", para mantener el control de la plaza y evitar que le llegaran a sus rivales del Cártel del Golfo refuerzos de la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
El documento sostiene que el Gobierno estatal de Egidio Torre Cantú se distinguió por la negación y la ineficiencia, pues no sólo resbaló su responsabilidad al afirmar que el crimen organizado era un problema federal, sino que su Procuraduría actuó con poco profesionalismo.
CNDH fue ineficiente
Sobre el papel de la CNDH, critica que tardó casi tres años en emitir su recomendación del caso, lo que terminó haciéndola irrelevante para la protección de las víctimas, además de evidenciar falta de empatía hacia ellas.
Entre 2011 y 2012, al menos 42 personas -se calcula que la cifra podría llegar a 300- fueron desaparecidas por integrantes de Los Zetas, en venganza por la supuesta traición de dos de sus operadores en esa localidad.
Los desaparecidos, que según testimonios habrían sido asesinados y "cocinados", fueron levantados por sicarios y policías locales. Los Zetas también saquearon, vandalizaron e incendiaron propiedades de las víctimas por el hecho de ser familiares o cercanos a los "traidores".
En el documento se sostiene que el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres, evadió la responsabilidad de su administración al negar o minimizar los hechos; mientras que el Mandatario actual, Rubén Moreira, reconoció la gravedad, pero no ha brindado una solución integral.
Un problema adicional se añade en el informe, es el escaso e inadecuado trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, y la Comisión de Derechos Humanos del estado.
