Gabriel H.L., contaba con 35 años de edad y era conocido como El Gaby o El Cuachi y la noche del viernes caminaba en la peligrosa séptima sección en Juchitán de Zaragoza cuando sujetos armados le dispararon en 15 ocasiones y le dieron muerte.
Pero el caso no quedó bien documentado en una carpeta de investigación ya que sus padres se negaron a que un agente del Ministerio Público y peritos pudieran certificar su muerte y debido a la corrupción que existe de agencias funerarias, doctores que extienden certificados médicos y la autoridad municipal de Juchitán de Zaragoza que otorga el permiso para enterrarlo a través de la Regiduría de Panteones; quedaría impune.
Eran a las 23:45 horas del viernes cuando Gabriel -quien se dedicaba a trabajar como ayudante de albañil- se encontraba en la calle Libertad esquina con Cerrada de Ignacio Nicolás de la séptima sección.
Sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en más de 15 ocasiones, quedando esparcidos los casquillos en el lugar.
Policías municipales y estatales acordonaron el sitio, mientras que paramédicos confirmaron el deceso.
Familiares se llevan el cuerpo
Minutos después, familiares se presentaron al lugar, saltaron el área acordonada y cargaron con el cuerpo sin vida.
Peritos y agentes investigadores arribaron al lugar, confirmaron que había casquillos percutidos, pero el cuerpo ya no estaba. Acudieron a la vivienda para dialogar con familiares y permitir continuar con las investigaciones y realizar la necropsia de ley.
La negativa de los familiares fue rotunda. Los policías insistieron, pero no hubo respuesta.
Corrupción municipal y de funerarias
Pero en el caso, la Fiscalía General del Estado ha documentado la corrupción de las agencias funerarias por violar la ley al enterrar a personas cuyo certificado de defunción no está firmado por un perito-médico. También ya se investiga a los doctores que se prestan a certificar el deceso sin una necropsia de ley y la autoridad municipal que permite siga creciendo la impunidad al otorgar el permiso en el panteón municipal para enterrar a una persona sin tomar conocimiento la autoridad ministerial.
