La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio (APIIDTT) manifestó su rechazo a las recientes declaraciones del presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus, a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde hizo comentarios de burla y de descalificación que contribuyen a generar una confrontación social contra familias quienes desde hace más de diez años, mantienen una resistencia civil pacífica frente a los altos cobros y abusos relacionados con el servicio de energía eléctrica.
En un pronunciamiento, la organización comunitaria afirmó que resulta grave la reproducción de discursos desde la investidura de la autoridad municipal para desinformar, minimizar problemas sociales y poner en riesgo a quienes ejercen su derecho legítimo a la organización y la protesta pacífica.
“Resulta lamentable que frente a un conflicto social que lleva más de una década afectando a su propio municipio, la respuesta de la autoridad municipal haya sido recurrir a expresiones de confrontación y descalificación, en lugar de promover mecanismos de diálogo y construcción de acuerdos”, añadió.
Por eso, sostuvo que la resistencia civil pacífica no es violencia ni robo, sino una forma histórica y legítima de organización comunitaria basada en la defensa de derechos.
“Quienes integran este movimiento no buscan confrontación, buscan condiciones dignas, tarifas justas, servicios eficientes y respeto a sus derechos”, anotó.
Expuso que la organización y las familias participantes en este proceso han priorizado históricamente el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución pacífica de los conflictos.
“Nunca hemos promovido el odio, la confrontación ni la violencia como mecanismo de acción. Nos preocupa que desde espacios de autoridad se emitan mensajes que pueden incentivar estigmatización, confrontación social o mayores riesgos para las comunidades organizadas”, agregó.
Explicó que durante años, las familias han denunciado altos cobros y tarifas consideradas excesivas para las condiciones económicas de la población, cortes constantes del suministro eléctrico, hostigamiento mediante amenazas de suspensión del servicio, deficiencias prolongadas en la infraestructura eléctrica y falta de atención oportuna ante fallas recurrentes, así como escasa inversión preventiva y respuestas tardías ante emergencias.
“Rechazamos la narrativa simplista que pretende responsabilizar a las comunidades organizadas de los problemas estructurales del sistema eléctrico mediante acusaciones generalizadas sobre supuestos robos de energía”, señaló.
Subrayó que hace unos días, San Francisco Ixhuatán enfrentó una fuerte tormenta con caída de granizo y vientos intensos que provocaron daños materiales, levantaron techos, derribaron árboles y dejaron a numerosas familias sin energía eléctrica.
“No puede ser que tengan que ocurrir desastres naturales, afectaciones mayores o situaciones de riesgo para que existan respuestas oportunas”, afirmó.
De este modo, hizo un llamado a las autoridades e instituciones a intervenir de manera inmediata, abrir canales institucionales de diálogo y garantizar condiciones para la resolución pacífica del conflicto, así como garantizar condiciones de seguridad, respeto a los derechos colectivos y evitar procesos de criminalización hacia quienes ejercen la organización social pacífica.
Además, requirió a los organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales, a mantenerse atentos al desarrollo de los acontecimientos y documentar cualquier situación que ponga en riesgo a las familias organizadas.
También, demandó al presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus abandonar los discursos de confrontación, actuar con responsabilidad institucional y priorizar mecanismos reales de diálogo y construcción de acuerdos.
